FUNCIONARIOS
Hay desempleados que cobran más que el funcionario que les tramita la prestación. No quiero decir con ello que los parados ganen mucho, sino recordar la verdadera situación ahora que corren malos tiempos para decir que eres funcionario. Desde los años 80 no ha existido gobierno que en algún momento no les congelara el sueldo, que en realidad es bajarlo, ni partido que estando en la oposición no prometiera justo lo contrario.
Antes de la crisis ser funcionario era sinónimo de tío sin ambición ninguna en la vida, hoy lo es de privilegiado porque tiene empleo. Lo único común a ambos momentos es la etiqueta de vagos. Y pese a ello, durante estos últimos quince años se ha inflado, especialmente en Ayuntamientos, la cifra de empleados públicos, que no funcionarios. Distinción que puede parecer tonta pero no lo es, si consideramos funcionarios sólo a los seleccionados en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El proceso de contar cada vez con más empleados públicos y menos funcionarios no ha sido casual ni inocente y se integra en una tendencia más amplia. Comenzó alabando lo bien que funciona la empresa privada frente a las Administraciones públicas con toda esa burocracia y esos burócratas. Y se encontró la solución: ¿mejorar lo público? No, gestionarlo como si fuera privado, y que irónico, en muchos casos acabó siéndolo. Así comenzó lo que se ha llamado “huida del derecho administrativo”. En lugar de nombrar funcionarios, se contrataba personal laboral. A los mejores se llegó a decir y ya sabemos que nadie mejor que la propia familia. Al tiempo se usaron figuras de personalidad jurídica privada como sociedades y fundaciones para el ejercicio de funciones materialmente públicas, utilizando el derecho privado como régimen jurídico de muchas actividades administrativas. Así se relajaron, cuando no suprimieron del todo, las garantías jurídicas que condicionan y permiten controlar a los poderes públicos.
Ejemplos de esa huida y de sus consecuencias se encuentran cada día en las páginas de los periódicos, concretamente en la sección de tribunales. Muchos episodios de corrupción se hubieran evitado si lo público se gestionara como público, con el derecho público, sus procedimientos y garantías y por funcionarios, seleccionados respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Su presencia, sin importar quien esté en el gobierno, no es un privilegio, es una garantía para los ciudadanos, y un freno a la arbitrariedad.
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