SALIDA AL EXTRANJERO
A
nadie puede sorprender que en Almería susciten interés las noticias que mezclen
prestaciones por desempleo y extranjeros. Se comprende fácil si recordamos que
nuestra tasa de paro es del 38,43% y somos la cuarta provincia española en
porcentaje de población extranjera, un 19,9%. Por eso, mezclar las palabras
paro y extranjero debe hacerse con cuidado para no animar debates extremistas
en un momento en que según el barómetro de IESA el 60,8% de los andaluces tiene
una opinión negativa sobre la inmigración.
La
noticia a la que me refiero ahora es la relativa a una sentencia del Tribunal
Supremo –en realidad son dos, pero sólo una ha trascendido- que en resumen
venía a anular la decisión de quitar el paro a un extranjero que se fue 20 días
a su país sin comunicarlo a la Oficina de Empleo y fijar, en su lugar, que sólo
debía suspendérsela. Me hizo gracia
escuchar comentar la noticia entre clientes del bar donde desayuno y, por lo
que oía, pareciera que se había decretado el derecho a noventa días de
vacaciones en el país de origen con cargo al desempleo. Es normal, porque en
estas cosas, la información evoluciona mucho mientras pasa de uno a otro. Me
recuerda la anécdota, absolutamente real, de personas llamando a las Oficinas
de empleo para preguntar por el subsidio que se iba a conceder con motivo de la
victoria española en el mundial de futbol.
La
sorpresa viene por la ligereza con la que personas progresistas, incluso con
responsabilidades en partidos de izquierda han comentado la noticia. Basta un
vistazo a las redes sociales para comprobar que incluso se venía a considera un
triunfo sobre las políticas antisociales del actual Gobierno. Me sorprende por
dos razones, una porque era evidente que no se han leído la sentencia y la otra
porque la cuestión hace referencia a una norma de 2006, es decir, del Gobierno
socialista que, en mi opinión, fue muy acertada. Somos un país que establece
pocas obligaciones para quien cobra el paro y esa medida de exigir que quien lo
cobrase no podía irse más de quince días y tenía que pedir autorización a la
Oficina de Empleo buscaba evitar convertir la protección por desempleo en una
subvención para personas que en muchos casos no serían capaces de situar España
en un mapa. No habría tanta euforia si recordásemos que las prestaciones por
desempleo se basan en el principio de solidaridad, es decir, lo que cobran los
que han perdido el trabajo procede de lo que cotizan los que lo tienen y, en
los últimos años, de los impuestos, y que supone una factura de 30.000 millones
anuales, 500 sólo en Almería.
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