Tras su fallida incursión en la macroeconomía, cuando intentó explicarnos aquello de que Estados Unidos había salido de la crisis y que el precio del petróleo no iba a bajar de los 100 €, un senador popular por Almería vuelve sus ojos hacia la emigración. Su objetivo es “desmenuzar” los fallos del plan del retorno. Temblemos.
Temblemos porque se trata del mismo legislador que “ojeó detenidamente” el proyecto de presupuestos generales del Estado buscando partidas para reformas estructurales. Bueno, no podemos pedir a un legislador que sepa técnica legislativa ni que el Tribunal Constitucional en una amplía y reiterada doctrina ha fijado los límites y el contenido que debe tener una ley de presupuestos, igual que tampoco debemos exigir a un mecánico que sepa que es un destornillador. Vale, que el Tribunal Constitucional no suponga un obstáculo en su búsqueda y ya nos contará como le ha ido.
Todavía debe quedar alguien en el mundo que sigue creyendo que una mentira repetida muchas veces acaba siendo verdad. Y así volvemos a escuchar que la regulación de inmigrantes de 2004 fue un “papeles para todos”.
“Papeles para todos” hubiera sido regularizar inmigrantes con la factura de haber comprado un televisor o con el bonobús. Pero no, como esa fue la regularización de Aznar seguro que es un ejemplo de rigor normativo. Tampoco parece suscitar criticas, ni siquiera dudas morales, que en 2004 hubiera en España centenares de personas trabajando sin autorización de residencia, sin saber cual era su salario, constituyendo una competencia desleal para otros trabajadores y para otras empresas, sin pagar impuestos y sin cotizar a la Seguridad Social pero utilizando servicios públicos como sanidad y educación, que debía atender a más con los mismos medios, puesto que teóricamente esa población no existía. El concepto trabajo decente aún no se había acuñado en 2000.
Intentemos explicarles esta cuestión con palabras sencillas. Y lo primero de todo y al estilo barrio sésamo, hay que diferenciar voluntario de obligatorio. Si un plan es voluntario no significa “maletas para todos”, porque es voluntario.
Lo segundo. Llama la atención que se nos diga que Ramón Tamames dice que los rumanos no quieren irse. Bien ¿y qué? Cuando se “desmenuza” un norma habría que comenzar por el título: “abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen”. ¡no comunitarios, si! Rumanía forma parte de la Unión Europea , seguro que esta revelación les sorprende. Además no beneficia a todos los extracomunitarios, sólo aquellos de los 20 países con los que España tiene suscrito un convenio bilateral en materia de Seguridad Social.
Tercero, volvemos a que un legislador no tiene que saber como se legisla. Por eso puede decir que el Real Decreto Ley no “establece ni las condiciones, ni los fraccionamientos de los pagos, ni las garantías por el incumplimiento de los mismos”. Pues claro que no, si “desmenuzamos” la disposición final segunda vemos que contiene una habilitación normativa para su desarrollo, como hacen todas las normas con fuerza de ley.
El Real Decreto-Ley no tiene como objetivo expulsar extranjeros, ni aligerar los datos de paro. De hecho, en septiembre el número de parados extranjeros bajó en Almería un 1,43%, lo que contradice también la afirmación que el domingo hacía la responsable de inmigración del PP sobre que el paro afecta más a los inmigrantes, sin darnos para ello dato alguno en el que apoyar esta afirmación, nos basta con su palabra.
El objetivo del Real Decreto es favorecer la reinserción laboral y profesional en sus países de origen de aquellos inmigrantes no comunitarios de 20 países que deseen retornar y, al mismo tiempo, el desarrollo de estos países con el retorno de trabajadores con una cualificación y experiencia laboral enriquecida, contribuyendo a reforzar la relación de España con los países de origen.
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