Ha llegado el frío, la gripe y la absoluta
irracionalidad a la Función Pública. Los funcionarios se han convertido desde
hace ya tiempo en unos perfectos chivos expiatorios con los que distraer la
atención en espera de que se materialice la recuperación anunciada. Los planes
de empleo joven entretienen un par de días, hasta que se compruebe que todo son
variaciones y repeticiones de lo mismo que se ha intentado en cada crisis y que
tendrán los mismos resultados. Pero los funcionarios distraen la atención de lo
que ocurre en nuestro país mucho más que el futbol. Tiene su lógica. Son un
grupo accesible a ser culpabilizados porque son destinatarios de parte del
dinero de los que aún pagan impuestos. Y todos los clichés se les pueden aplicar,
que para eso se han cultivado durante mucho tiempo. En especial el de que son
absentistas profesionales y, cuando no lo son, tampoco trabajan. No es extraño
que el presidente de la patronal afirme que es preferible pagarles en su casa
para que no gasten teléfono y papel. Lo que demuestra, por cierto, lo atrasado
que va el presidente de los empresarios al considerar que todavía la
Administración está inundada en papel.
Pero a lo que iba, resulta que además de reducir el
sueldo desde el primer día de baja, esa norma de finales de diciembre establece
que si a lo largo del año faltan cuatro días alternos, siempre con su
justificante de enfermedad, al quinto ya se les quita también el salario. La
consecuencia ha sido que, dado que aún estamos a principio de año, no conviene
perder los días ni el sueldo, asi que no es extraño ver a funcionarios pálidos
como si llevaran tres días muertos tosiendo sobre los que aún no están
enfermos, extendiendo el contagio como en las películas de zombies. Si al final no puedes por menos que quedarte
en casa, hay que ir a buscar el justificante, de forma que se acaba colapsando
las urgencias para demostrar que ese día estuviste enfermo.
Detectar malos funcionarios y funcionarios
absentistas es muy fácil, y controlar esa situación también, de forma que no es
creíble que el objetivo de estas normas sea acabar con situaciones de abuso.
Creo que todo va más en la línea de dejar que se deterioren los servicios
públicos, no incorporando personal donde se necesita (llegará el día en que
sean abuelos los que atiendan estos servicios), dejando pudrir las condiciones
laborales y los sueldos, de forma que finalmente sea fácil justificar la
privatización de la gestión, es decir, usar el dinero público para garantizar
beneficios privados, en la línea tradicional del liberalismo español
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