En España la gran amenaza para el Estado del
Bienestar es que se use. Puede existir, pero a condición de que se pague y no
se utilice. Tenemos muchos ejemplos: mientras había muchos cotizantes, la
protección por desempleo no era problema. Daba igual si había empresas que lo
usaban para ahorrarse pagar las vacaciones de sus trabajadores o perceptores que vivían en Gambia. Así pudo
haber quien se fue un año a Senegal y consideró culturalmente discriminatorio
que se le cortara el paro ya que, por la tradición del lugar, no podía regresar
sin dejar embarazada a su nueva esposa. La Sanidad tampoco era un problema, y si había
dinero para aeropuertos sin aviones, más aún para tener un ambulatorios en cada
esquina por los que se pagaba alquileres astronómicos coexistiendo con
edificios públicos vacios.
Existía, eso sí, un punto negro, las pensiones como
se nos recuerda desde hace 15 años. En 2000, por lo del milenarismo, ya había
economistas anunciando la quiebra del sistema para 2005. El FMI lo acaba de
recordar, el sistema es insostenible porque la esperanza de vida aumenta. Dicho
de otra forma, porque los jubilados, demostrando su insolidaridad, se aferran a
la vida, en unos años en que, además, aumenta, el gasto en medicinas. En 1919
se fijó la edad de jubilación en 65 años pero la esperanza de vida era de 39,8
años para los hombres y 41,7 para las mujeres, así que no había peligro. Ahora
se ha aumentado a 67, pero no es suficiente, se corre el riesgo de que mucha
gente llegue a esa edad. No importa ni que se haya cotizado toda la vida, ni
que se haya visitado al médico 4 veces en 20 años.
Quizás la solución, no descartable al paso que vamos,
es decretar una edad de muerte obligatoria o, ya que todo se hace según nivel
de renta, fijar edades distintas según el IRPF. El ahorro sería considerable:
en pensiones y en fármacos, de forma que no haría falta introducir el copago.
La culpa del copago es, por tanto, de quienes usan la sanidad, igual que la
culpa del paro la tienen los parados o de la crisis bancaria los que se
compraron una casa. Todos, menos aquellos que no se pueden tocar, los 100.000 cargos políticos que hay en
España. Un ejemplo, en Almería se debate la forma de nombrar al gerente del
Patronato de Turismo, pero no la existencia en sí de ese patronato, cuando hay
una Delegación de Turismo de la Junta y docenas de concejales del ramo. No es
extraño que en las ferias de turismo haya más representantes institucionales
que público. La verdadera austeridad y la eficacia consisten, digámoslo ya, en
evitar duplicidades y redundancias con
cargo a un contribuyente cada vez más famélico.
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